Con su nivel más bajo de aprobación
comenzó su tercer año de Gobierno la Presidenta Michelle
Bachelet, según arrojó la última encuesta Plaza Pública Cadem
dada a conocer este lunes.
De acuerdo al sondeo correspondiente a la primera semana de
marzo, sólo un 23 por ciento aprueba la gestión de la
Mandataria, mientras que un 67 por ciento la desaprueba. 85
por ciento cree que la delincuencia ha aumentado durante el
último año y 88 por ciento cree que es más violenta que
antes.
En este contexto, un 76 por ciento está de acuerdo con el
proyecto de ley que autoriza Carabineros a realizar controles
preventivos de identidad. De esta forma, Bachelet inició su
tercer año de Gobierno con el nivel más bajo de aprobación,
al tener 10 puntos menos que el 6 de Marzo de 2014 cuando
llegó a un 33 por ciento de respaldo y 29 puntos menos con
respecto al 13 de Marzo de 2013, fecha en que alcanzaba el 52
por ciento de evaluación positiva.
PERCEPCION DE LA DELINCUENCIA
El estudio además incluyó un apartado relacionados a la
delincuencia y donde se mostró que un 85 por ciento cree que
la delincuencia ha aumentado durante el último año, lo que
representa ocho puntos más que en comparación a junio del
2015.
Asimismo, siete de cada diez personas siente mucha o
bastante preocupación de ser víctima de un delito y un 88 por
ciento considera que la delincuencia es más violenta con
respecto al año 2015.
En este contexto, un 76 por ciento de los encuestas está de
acuerdo con el proyecto de ley que autoriza Carabineros a
realizar controles preventivos de identidad y un 58 por
ciento está de acuerdo con restituir la detención por
sospecha.
Respecto a los actores e instituciones relevantes en la
lucha contra la delincuencia, Carabineros y la Policía de
Investigaciones (PDI) son los únicos que obtienen más
aprobación que desaprobación, con un 61 por ciento y 58 por
ciento de evaluación positiva, respectivamente.
En tanto, el resto de los actores obtienen niveles de
desaprobación mucho más altos y donde un 60 por ciento
rechaza la labor en la materia que efectúan alcaldes, 77 por
ciento la de los fiscales, 81 por ciento la del Gobierno y un
87 por ciento la de los jueces.