La Fiscalía Metropolitana Occidente
anunció este lunes ante el Séptimo Juzgado de Garantía de
Santiago su decisión de no perseverar en la investigación en
contra de la Presidenta Michelle Bachelet, quien fue
sindicada por uno de los querellantes del caso Tsunami como
una de las responsables de la fallida alerta de maremoto del
27 de febrero de 2010.
En la instancia, el fiscal José Luis Pérez Calaf argumentó
que no existen antecedentes que vinculen a la Mandataria con
la tragedia que dejó 104 personas fallecidas, en la zona
centro-sur del país.
Asimismo, comunicó la misma decisión respecto de 73 personas
en cuya muerte no se encontraron responsables, de acuerdo a
la investigación penal, ya que -según argumentó- la muerte de
las víctimas ocurrieron antes de que llegaran las autoridades
a la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi).
Lo anterior fue expuesto en el marco de la audiencia donde
se discutirán los acuerdos a los que llegó el Ministerio
Público con las defensas de las seis personas que fueron
acusadas por cuasidelito de homicidio.
Estos tienen que ver con la suspensión condicional del
procedimiento a cambio de una serie de requisitos que
incluyen una declaración pública respecto a qué sucedió la
madrugada de los hechos y una compensación económica.
De concretarse los acuerdos, el ex subsecretario de Interior
Patricio Rosende Lynch deberá pagar 75 millones de pesos,
mientras que la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández,
39 millones de pesos.
Por su parte, el ex jefe del Centro de Alerta Temprana de la
Onemi, Johaziel Jamett, deberá desembolsar 4 millones de
pesos, mientras que los marinos encausados entregarán una
compensación económica que asciende a los 39 millones de
pesos. Cada imputado deberá cancelar el monto fijado en tres
cuotas, según lo establecido por el Ministerio Público.
El total de los dineros, correspondiente a 35 millones de
pesos, será destinado a las víctimas de la tragedia para
reparar el mal causado. Es decir, 2 millones 250 mil pesos
para cada familia de las 104 personas fallecidas.
Asimismo, los seis acusados deberán desembolsar un monto
establecido para la realización de un seminario de Plan de
Protección Civil, para lo cual se fijó el pago de 5 millones
de pesos por parte de Rosende y 1 millón de pesos por parte
de los otros cinco imputados.
Esto último involucra al ex director del Servicio
Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) Mariano
Rojas, al ex jefe de operaciones del Andrés Enríquez; y al ex
oficial de guardia Mario Andina.