Estas últimas semanas hemos sido testigos de una increíble desprolijidad del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, la denuncia de cientos de casos de falsa gratuidad de estudiantes de educación superior.
Distintas casas de estudio como Universidad Austral de Chile, en la Universidad Católica del Maule, identificaron a estudiantes que se les notificó como beneficiarios de la gratuidad en el momento de la postulación, pero que al momento de hacerlo efectivo lamentablemente no cumplían con los requisitos. Uno de los casos que trascendió a nivel nacional fue el ocurrido en Valdivia donde el Intendente regional y la Seremi de Educación fueron al hogar de una estudiante de derecho de la UACH para anunciarle el beneficio. Resultado, no cumplía con los requisitos.
La gravedad de esta situación no sólo radica en la existencia de estos casos, sino también en la reacción del gobierno, la que deja en evidencia una profunda falta de respeto a los estudiantes afectados. Esto porque el gobierno primero reconoce el error, para luego señalar que se trataba de estudiantes que eran parte de un proceso de preselección. Pero más grave aún luego la propia Ministra de Educación responsabiliza a los estudiantes y a las universidades de no llevar adelante adecuadamente el proceso, que en realidad es responsabilidad del gobierno.
El hecho es que hoy, a varias semanas del inicio de las clases, centenares de estudiantes no saben si son o no beneficiarios de la gratuidad y no saben cómo financiar sus estudios si se les retira el beneficio. Todo esto mientras el gobierno mira impertérrito el drama que sufren estos jóvenes y sus familias.
Frente al conocimiento público de estos antecedentes solicité en la comisión de educación del Senado de la cual soy miembro, que se convoque a la brevedad una sesión especial para abordar las fallas del proceso de asignación de la gratuidad y las propuestas de solución que está planteando el gobierno. Lo más relevante es que se entregue lo antes posible una solución a los estudiantes afectados y que se termine con la incertidumbre que los afecta.
Es así como una de las principales promesas de campaña de la Presidente Michelle Bachelet tropieza nuevamente. Primero se presenta como una glosa de la ley de presupuestos, no como una ley, luego es objetada por el Tribunal Constitucional y ahora es mal asignada.