La Independencia de Chile fue reconocida oficialmente por la
Santa Sede durante la administración del Presidente Joaquín
Prieto Vial el 13 de abril de 1840, pero con reparos, debido
a que se mantenía el ejercicio del Patronato, concesión Papal
otorgada a los Reyes Católicos, en un momento crucial de la
vida europea.
El Patronato defendía el derecho del monarca a mantener su
tuición sobre la Iglesia como una concesión papal, lo que
Chile dejó establecido en su Constitución de 1833,
continuando con las atribuciones regalistas que venían
ejerciendo los monarcas españoles al momento de producirse la
independencia.
Este criterio lo compartían las nacientes Repúblicas
americanas, quienes sentían que sus gobiernos eran herederos
jurídicos de la monarquía castellana y, por lo tanto,
detentadores autorizados de todas sus regalías. En los
países, recientemente independizados, la pugna jurídica
adquirió caracteres de tirantez verdaderamente apasionada,
mientras tanto, en Chile, Andrés Bello López buscó una
fórmula conciliadora:
“El Gobierno proponía los candidatos a los cargos vacantes,
y el Papa proveía la lista de acuerdo con el Gobierno, pero
este último invocando al Patronato, extendía los
nombramientos”.
A su vez, la Iglesia gozaba de autoridad y privilegios aun
en el orden temporal, los sacerdotes eran sólo justiciables
ante los tribunales eclesiásticos; la constitución civil de
la familia se regía por el Derecho Canónico y estaba sometida
a la jurisdicción de los obispos, sólo era permitido en el
país el culto católico. En cambio, el Gobierno tenía
intervención en el nombramiento de los prelados, y las leyes
de la Iglesia sólo eran obligatorias en virtud del
consentimiento del poder civil.
Con todos estos argumentos el Gobierno de Prieto designó
como Encargado de Negocios ante la Santa Sede a Francisco
Javier Rosales, quien tuvo como misión no sólo el obtener el
reconocimiento de la Independencia de Chile, sino también la
subrogación del Patronato por parte del gobierno chileno.
En la propuesta de Rosales, el Vaticano vio la oportunidad
de recobrar su derecho y el Papado pugnó por liberarse de la
injerencia Estatal en los asuntos eclesiásticos, al cambiar
las circunstancias históricas que motivaron el
establecimiento del Patronato. La Iglesia consideró la
“sugerencia filial”, aportada por Bello, como una muestra de
colaboración.
Finalmente las largas gestiones efectuadas por Rosales
tuvieron éxito cuando el Papa reconoció de hecho la
Independencia de Chile, y erigió al obispado de Santiago,
siendo elevada a Catedral la Iglesia Metropolitana,
independiente del arzobispado de Lima, y creó además los
obispados de La Serena y Ancud.
Pero rechazó el Patronato, aceptando el “pase
constitucional”, como se llamó a la figura protocolar de la
“Súplica Filial”. Sin embargo, la Santa Sede insistió que
estas actuaciones las hacía de motus propio, es decir, sin el
reconocimiento de la figura del Patronato.
Este sistema permaneció sin mayores problemas hasta el
Gobierno de Domingo Santa María González, el Presidente “de
las leyes laicas”.