Durante la administración del Presidente Domingo Santa María
González, se firmó el 20 de octubre de 1883 el “Tratado de
Ancón”, entre Chile y Perú, poniendo fin a la conflictiva
situación por la que atravesaban estos dos países, al
finalizar la Guerra del Pacífico. Sin embargo, el otro país
en contienda, Bolivia, se negó a firmar un tratado de paz.

Finalmente, Bolivia suscribió un “Pacto de Tregua”, que se
formalizó en el puerto de Valparaíso el 4 de abril de 1884,
donde Chile pasó a administrar como propio el litoral
boliviano hasta el río Loa. De este modo la Guerra del
Pacífico había concluido.

Cabe recordar que, los acuerdos más importantes del Tratado
de Ancón, indicaban que: la provincia de Tarapacá quedaba a
perpetuidad para Chile. Mientras que, las ciudades de Tacna y
Arica permanecerían en poder de Chile por un período de 10
años y luego de este tiempo se debía realizar un plebiscito
que definiría cual de los países se quedaba con las
provincias. El país que perdiera debía recibir del ganador la
cantidad de 10 millones de pesos en moneda chilena de plata o
soles peruanos de igual ley y peso que aquella.

Este tratado fue aprobado en sesión secreta por la Cámara de
Diputados de Chile, el 12 de enero de 1884 y al día siguiente
por el Senado. Mientras que la Asamblea Peruana, lo aprobó el
8 de marzo de ese mismo año.

Una vez cumplido el plazo de 10 años, durante el gobierno del
Presidente Jorge Montt Álvarez, el plebiscito indicado en el
Tratado no se efectuó, porque ambos países no lograron un
acuerdo sobre la forma de efectuarlo.

Entre otras razones, se pueden mencionar: que en ese período
Perú no contaba con un gobierno estable. Además, en caso de
ganar el plebiscito Perú, éste carecía de recursos para pagar
la indemnización pactada. Adicionalmente, no se produjo un
acuerdo sobre la forma de efectuar una votación.

Perú pretendía que la votación fuese presidida por el
representante de un país extranjero, en calidad de
interventor o arbitro, y por agentes de ambos países. Chile,
por su parte, no aceptó esta proposición por ser ajena a lo
pactado en 1883, ya que era soberano en los territorios de
Tacna y Arica.

Todas las gestiones posteriores a 1894 fracasaron, no
quedando establecido que el plazo había vencido para el
plebiscito. Sin embargo, el 9 de marzo de 1910, cuando se
produjo una ruptura de relaciones entre ambos países, Perú
sostuvo que no podía efectuarse el plebiscito, porque era
extemporáneo. Así, el Presidente peruano Augusto Leguía y su
Ministro de Relaciones Exteriores se mantuvieron firmes en
esta posición y no fue posible ningún avenimiento.

Luego en 1912, durante el Gobierno de Ramón Barros Lucos, se
restablecieron las conversaciones con el nuevo presidente del
Perú Guillermo Billinghurst, pero al año siguiente un motín
militar lo derribó. En el vecino país se sucedieron los
presidentes Oscar Benavides y Manuel Prado, pero en 1919
nuevamente asumió Leguía, quien levantó como bandera la
reivindicación de Tacna, Arica y Tarapacá, lo cual provocó en
Chile una gran inquietud.

Entonces el Presidente Juan Luis Sanfuentes Andonaegui, envió
a Lima a Federico Puga Borne, para reanudar las relaciones,
pero éste no fue recibido ni por el presidente, ni por su
canciller. Posteriormente, en diciembre de 1921 el Presidente
Arturo Alessandri Palma envió a su Ministro Ernesto Barros
Jarpa, en un a “ofensiva diplomática”, para continuar las
negociaciones tendientes a celebrar el plebiscito.

En esa ocasión, Perú propuso el arbitraje del gobierno de
Estados Unidos, lo que no fue bien recibido por Chile, por su
política tradicional de respeto a los tratados. No obstante,
Alessandri, en su afán de lograr un avenimiento, lo aceptó en
parte, circunscribiéndolo a la forma y modo como debería
abordarse la parta aún no cumplida del Tratado, es decir, la
celebración del plebiscito.

Luego de largas conversaciones, en 1923 el presidente de los
Estados Unidos aceptó el arbitraje y, después de oír los
alegatos de rigor, se pronunció por la tesis chilena sobre la
procedencia del plebiscito, estipulando que debería estar a
cargo de una comisión de tres miembros: un norteamericano, un
chileno y un peruano.

Pero Perú con la seguridad que el resultado de la votación le
sería desfavorable, intentó cambiar la forma jurídica
aceptada en el Protocolo por una transición política. Luego
vinieron una serie de inconvenientes y presiones, que
llevaron a la cancillería chilena a ofrecer Tacna para el
Perú y Arica para Chile. Pero no hubo acuerdo y se suspendió
la “Comisión Plesbiscitaria”.

Finalmente, durante el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo,
en negociaciones directas con el Presidente Leguía, se llegó
a un acuerdo que se tradujo en el tratado del 3 de junio de
1929. Éste en términos generales estableció que Tacna quedaba
bajo soberanía peruana y Arica bajo la tutela de Chile.

La frontera entre ambos países de denominó la “Línea de la
Concordia”, trazando un límite a diez kilómetros al norte del
puente del río Lluta y paralela a la línea del ferrocarril
que une Arica y La Paz. Por este acuerdo, Chile pagó a Perú 6
millones de dólares como compensación.

Conjuntamente con el Tratado de 1929 se firmó un protocolo
adicional, una de cuyas disposiciones establece que ninguna
de las partes podrá ceder a un tercer país el total o una
parte de los territorios que fueron materia del tratado, sin
el conocimiento y aceptación del otro contratante.

Esto ha entorpecido la solución de la mediterraneidad con
Bolivia, ya que Perú, al consultársele sobre la cesión de
Chile de una faja que le daría salida al mar, ha respondido
con planteamientos que no constituyen ni aceptación ni
rechazo, como lo dispone el Protocolo, sino con una
proposición que abarca materias ajenas a la consulta y que
importan una revisión al Tratado de 1929.

Por somosfutrono

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