Personal de la Brigada de Delitos Económicos (BRIDEC) de la PDI realizaron esta mañana una diligencia en la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la ciudad de Valdivia.
Esto en el marco de la investigación del Caso Convenios, que en Los Ríos surge luego de una fiscalización de la Contraloría Regional de Los Ríos,en la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Los Ríos sobre las transferencias de recursos en el marco de los programas Asentamientos Precarios, Recuperación de Barrios y Pequeñas Localidades, en el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de junio de 2023.
La auditoría se realizó considerando las transferencias efectuadas por el organismo en virtud de convenios celebrados con distintos organismos, en el contexto de los programas antes mencionados.
Entre los inconvenientes detectados figura la falta de un procedimiento formal para la selección de las entidades privadas ejecutoras del programa Asentamientos Precarios. Se constató que, si bien el SERVIU de Los Ríos cuenta con el “Manual de Procedimientos de Asignación y Transferencias de Recursos Programa Campamentos”, durante el periodo en revisión no poseía instrucciones o lineamientos para seleccionar a las entidades privadas que ejecutarán los proyectos, tales como invitaciones o llamados públicos a participar, pliegos de condiciones en los que se indiquen las competencias técnicas y requisitos legales requeridos para llevar a cabo las iniciativas.
El operativo
El departamento de Comunicaciones de la PDI en Los Ríos detalló que se trató de una diligencia realizada a nivel nacional como parte de una investigación desarrollada por la Fiscalía de Iquique.
Desde la seremi de Vivienda en Los Ríos emitieron una declaración del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, quien detalló que “la PDI está solicitando información sobre dos instituciones, EnRed y Enlace Urbano, que son las instituciones que el propio ministerio denunció en el caso de Tarapacá, porque descubrimos una serie de inconsistencias que nosotros no podíamos investigar a fondo y tenía que hacerlo el Ministerio Público”.
El secretario de Estado recalcó que “desde el primer momento, a todas las instituciones del ministerio se les ha dicho que pongan todo a disposición del Ministerio Público, de la Contraloría General de la República y del Consejo de Defensa del Estado. Personalmente fui, a los pocos días que explotó el caso en Antofagasta, a entregar toda la información que teníamos al respecto, antes que la solicitaran, porque creemos que en esto hay que descubrir el fondo y que sean sancionadas las personas que han cometidos los delitos”.
Desde el ministerio agregaron que las diligencias realizadas por la Policía de Investigaciones abarcan distintos periodos, desde el año 2021 en adelante.
F Rioenlinea