El Rey Carlos III designó por real cédula del 26 de julio de
1760, Gobernador del Reino de Chile, al Brigadier Antonio
Guill y Gonzaga, quien tenía 42 años de edad. El cargo lo
asumió, dos años más tarde, en octubre de 1762 y se prolongó
hasta su muerte, ocurrida en agosto de 1768.
El gobierno de Guill y Gonzaga fue débil, por ser éste un
hombre de carácter blando; además, su físico no lo acompañaba
para desempeñar el cargo en esa época, pues se encontraba
medio paralítico, y por esta razón, el Cabildo de Santiago le
regaló una carroza para que se trasladara.
Sin embargo, durante su mandato le correspondió dialogar con
los indígenas del sur, para lo cual convocó a todas las
tribus araucanas a un Parlamento, el 8 de diciembre de 1764,
cerca de Nacimiento. En esta reunión que presidió él mismo,
se acordó que los nativos se redujeran a vivir en pueblos.
Los indígenas aceptaron sólo para recibir los regalos que les
llevaban, pero nunca cumplieron el pacto, pues no estaban
dispuestos a cambiar sus hábitos.
Luego de este Parlamento y a su regreso a Santiago, fundó las
villas de Rere, Yumbel y Tucapel. También bajo su gobierno se
refundó Angol, después que el terremoto de 1766 lo había
destruido, y los pueblos de Mininco y Huequén.
Al final de su gobierno, y en contra de su voluntad, le tocó
cumplir la orden de expulsión, de la Compañía de Jesús,
firmada por el Rey el 27 de febrero de 1767, haciéndose
efectiva en el Reino de Chile, el 26 de agosto de ese año. De
hecho, Guill y Gonzaga desempeñaba el cargo de administrador
de los jesuitas.
Las razones que tuvo la Corona, para solicitar la expulsión
de esta Congregación de Chile se debió a que los jesuitas
desde su llegada al país en 1593, fueron adquiriendo
numerosos terrenos, por medio de donaciones o por herencias,
los que a su vez, fueron muy bien administrados, dedicándolos
principalmente a la ganadería, siembras y viñas.
Todo esto llevó a que en el siglo XVIII, los jesuitas
constituyeran un poder religioso, económico, docente, social
y político que superaba todas las fuerzas espirituales del
país unidas. Por estas circunstancias, y la sólida
organización que la estructuraba, la orden era vista como un
estado dentro del Estado, que no podía ser tolerado por la
Corona de España.
Otra de las razones que tuvo la realeza, correspondió a la
prédica de los jesuitas, quienes sostenían que la potestad
soberana había sido transmitida por Dios a la gente y que
ésta la otorgaba voluntariamente al rey, quien debía gobernar
de acuerdo con las leyes. A diferencia de los monarcas, que
consideraban que la potestad soberana la otorgaba Dios
directamente a la Corona, prescindiendo del pueblo.
Al momento de la expulsión la Orden de los jesuitas estaba
compuesta por 244 sacerdotes, 64 estudiantes, 12 novicios y
60 hermanos coadjutores. Sólo a un jesuita se le postergó por
cuatro años la expulsión, debido a que era el único boticario
de la ciudad.
Todos estos acontecimientos y el mal estado de salud del
Gobernador, le provocaron un nuevo ataque de parálisis en
enero de 1768, dejándolo imposibilitado de firmar. Sin
embargo, continuó oficialmente al mando del territorio, pero
de hecho éste quedó en manos del oidor decano de la Audiencia
Juan de Balmaceda Censano y Beltrán.
Guill y Gonzaga falleció en la ciudad de Santiago, y
ejerciendo su cargo el 24 de agosto de 1768, a los 53 años de
edad. Frente a estos acontecimientos el Cabildo de Santiago
nombró como Gobernador Interino a Balmaceda, quien estuvo a
cargo del país hasta marzo de 1770, fecha en que llegó el
nuevo Gobernador Francisco Javier Morales Castejón Arroyo,
nombrado en el cargo por el Virrey del Perú.